Las titulares del Ministerio Público de la Provincia de Santa Fe reiteramos y reafirmamos que la Constitución de la Provincia de Santa Fe debe ser respetada y cumplida, especialmente por quienes nos desempeñamos como funcionarias y funcionarios públicos del Servicio de Justicia.

Lo dispuesto en día de ayer por la Acordada Nro. 23, punto único, en consonancia con la anterior Acordada Nro. 4, punto 16, del 24 de febrero pasado, no respeta el marco legal aplicable, ni lo dispuesto por la Cláusula Décimo Sexta de las disposiciones transitorias de la Constitución Reformada, que establece:

"...El uso asignado y el destino de los inmuebles, espacios, oficinas, los bienes muebles y demás equipamiento que a la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución estén afectados al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público de Defensa Penal no podrá ser modificado sin la conformidad del Ministerio Público".

En el año 2021, los espacios del edificio fueron formalmente destinados y afectados por la Secretaría de Gobierno de la Corte a ambas instituciones: primer piso al Ministerio de la Defensa (1030 metros cuadrados) y cuarto y quinto piso y parte del subsuelo al Ministerio Público de la Acusación (2.582 metros cuadrados).

Nunca se solicitó conformidad a nuestras instituciones para modificar el destino ya asignado, tal como lo exige la norma citada.

Por su parte, esta obra fue financiada a través de un crédito internacional obtenido por la Provincia, el cual fue habilitado por la Ley N.° 13.543 del año 2016, en la que se dispuso un destino claro y contundente - expresado en su ANEXO ÚNICO -: la construcción de un CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE SANTA FE.

El destino de los fondos públicos no puede ser alterado.

Los Ministerios Públicos, como órganos autónomos e independientes, continuaremos exigiendo el cumplimiento de la ley y de los mandatos constitucionales, para lo cual hacemos reserva de continuar con las acciones legales pertinentes, bajo las responsabilidades funcionales que correspondan.