El Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) repudia el acto intimidatorio sufrido por la Defensora Pública Adjunta Dra. Virginia Balanda, vinculado a su intervención en una causa recientemente finalizada.

Hechos como este no solo buscan condicionar el ejercicio profesional de la defensa pública, sino que también afectan principios fundamentales del Estado de Derecho. Toda persona tiene derecho a una defensa técnica eficaz, conforme a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales.

Expresamos nuestra solidaridad y pleno respaldo a la Dra. Balanda.